Derechos humanos, transición a la democracia y sublevaciones militares

El gobierno de Raúl Alfonsín debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en un país con una larga tradición de gobiernos militares que había llegado a la tragedia del terrorismo de estado y la guerra.
El 15 de diciembre de 1983 sanciona los decretos 157 y 158. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas CONADEP, integrada por personalidades independientes (Ernesto Sabato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros) con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.

En septiembre de 1984 la CONADEP produce su famoso informe titulado “Nunca Más”. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal (tribunal civil) toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente al mismo. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dicta la sentencia condenando a Jorge R. Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituye un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.

El gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. En la Semana Santa de 1987 se produce una gran rebelión militar encabezada por jóvenes oficiales que se denominaron “carapintadas”. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín y reprimir la insurrección, millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar. Durante varios días el país estuvo a borde de la guerra civil. Finalmente Alfonsín, sin poder militar para frenar un golpe de estado, negocia secretamente con los líderes militares una serie de medidas para evitar que se realizarán nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretarán en las leyes deObediencia Debida y Punto Final, no sin antes sufrir otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas. También en ese año ocurrió elcopamiento del regimiento La Tablada perpetuado por ex integrantes del ERP que ahora formaban el MTP, que tomaron el cuartel por la fuerza y fueron desalojados por el ejército argentino y fuerzas de seguridad policiales, hechos que produjeron 39 muertes, algunas durante el enfrentamiento, y 9 detenidos fusilados en el lugar por las fuerzas militares una vez tomado el cuartel.